Un juez dictamino que la policía estatal de Texas puede mantener en secreto los registros de Uvalde, por ahora
(TEXAS TRIBUNE) - Un juez estatal de distrito dictaminó el miércoles que el Departamento de Seguridad Pública no tiene que entregar los registros relacionados con el tiroteo en la escuela Uvalde buscados por el senador estatal Roland Gutiérrez, quien había demandado a la policía estatal con la esperanza de asegurarlos.
Sin embargo, la orden de la jueza del Tribunal de Distrito Civil 419 del condado de Travis, Catherine A. Mauzy, fue limitada y eludió la cuestión de si la policía estatal puede retener registros sobre su respuesta a la masacre del 24 de mayo en la escuela primaria Robb. Mauzy concluyó que Gutiérrez no había presentado correctamente su solicitud en virtud de la Ley de Información Pública de Texas, la ley de registros públicos del estado y, por lo tanto, DPS no estaba obligado a cumplirla.
Aún así, el resultado otorga un indulto a la policía estatal, que ha luchado para mantener en secreto los detalles de cómo respondieron los 91 agentes al tiroteo. Gutiérrez, cuyo distrito incluye a Uvalde, escribió una carta al director del DPS, Steve McCraw, el 30 de mayo, solicitando los manuales de capacitación de la agencia, así como cualquier documento que detalle cómo respondió la policía estatal al tiroteo ese día. En una audiencia la semana pasada, los funcionarios del DPS dijeron que la solicitud debería haber ido a la oficina de relaciones con los medios de la agencia.
Gutiérrez dijo el miércoles que no estaba de acuerdo con el fallo y sugirió que la policía estatal simplemente estaba buscando una excusa para no cumplir con su pedido. El legislador ha sido uno de los funcionarios estatales más críticos sobre cómo el departamento ha manejado el tiroteo.
“Es de lo más absurdo que el Departamento de Seguridad Pública siga combatiendo incluso la distribución más benigna de documentos, como un manual de capacitación”, dijo Gutiérrez. “Y se niegan a hacerlo porque son culpables de su negligencia y malversación ese día”.
En una audiencia del caso la semana pasada, el fiscal de distrito del condado de Uvalde instó al juez a ponerse del lado del DPS. La fiscal, Christina Busbee, dijo que desde finales de mayo ha pedido a todas las agencias gubernamentales que no divulguen ninguna información sobre el tiroteo de Uvalde, por temor a comprometer las investigaciones en curso de los Texas Rangers, una división del DPS, y el FBI.
Desde entonces, varias agencias gubernamentales, incluida la policía estatal, se han negado a cumplir con la solicitud de registros presentada por The Texas Tribune. Muchos citaron una exención en la ley de registros públicos del estado que permite retener documentos si se relacionan con una investigación en curso.
Sin embargo, DPS no siempre ha seguido la solicitud de Busbee. McCraw testificó el 21 de junio durante más de cuatro horas frente a un comité del Senado que investiga el tiroteo. Atribuyó gran parte de la culpa de la demora en la respuesta policial al tiroteo al jefe de policía del distrito escolar de Uvalde, Pete Arredondo, y dedicó poco tiempo a detallar las acciones de los policías estatales.
Una demanda separada contra el DPS, presentada por un consorcio de organizaciones de noticias, incluidas The Texas Tribune y ProPublica, busca persuadir a un juez para que obligue a la policía estatal a publicar los registros de Uvalde que los periodistas presentaron bajo la ley de información pública. Ese caso está en curso.
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