Juicio contra sheriff del Condado de Webb y exjefe adjunto podría posponerse hasta 2027
HOUSTON, Texas – El juicio federal por fraude contra el sheriff del condado de Webb, Martín Cuéllar, y el exjefe adjunto Alejandro Gutiérrez podría posponerse de octubre de 2026 a febrero de 2027.
Esto de acuerdo con una moción conjunto y sin oposición de la fiscalía presentada por ambas defensas el 24 de agosto de 2026.
Los abogados de ambos acusados solicitaron al juez federal del Tribunal de Distrito, Randy Crane, posponer la fecha del juicio. El gobierno de Estados Unidos no se opuso a la solicitud, según el documento.
Razones citadas para el retraso
La moción cita varias razones para la solicitud de aplazamiento.
Los abogados de la defensa dijeron que recientemente recibieron casi 30 GB de nueva evidencia por parte del gobierno, incluyendo alrededor de 500 archivos nuevos y 60 grabaciones de audio, además de más de 12,000 archivos entregados anteriormente. Los abogados señalaron que necesitan más tiempo para revisar el material, realizar investigaciones, emitir citatorios y presentar posibles mociones.
El tiempo adicional también permitiría que la defensa y la fiscalía continúen negociaciones que podrían resolver el caso sin llegar a juicio, de acuerdo con la moción.
La moción también cita una lesión de Gutiérrez. El 13 de agosto de 2026, Gutiérrez estuvo involucrado en un accidente de motocicleta mientras trabajaba como escolta en servicios funerarios, según el documento. Sufrió lesiones graves en la parte inferior del cuerpo que requirieron cirugía de emergencia. De acuerdo con la moción, Gutiérrez no podrá caminar durante al menos un mes y actualmente no puede participar en la preparación del juicio.
Una orden propuesta adjunta a la moción muestra que, si el juez Crane la aprueba, el juicio y todos los próximos plazos previos al juicio se recorrerán.
Antecedentes del caso
Cuéllar, de 67 años, y Gutiérrez, de 47, ambos de Laredo, se entregaron a las autoridades y comparecieron por primera vez ante la jueza federal Christina Bryan en Houston el 22 de enero de 2026, según la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Texas.
Un gran jurado federal emitió una acusación de cinco cargos el 19 de noviembre de 2025, alegando que entre 2020 y 2022, Cuéllar y Gutiérrez conspiraron con otras personas para malversar fondos de la Oficina del Sheriff del condado de Webb.
Según la acusación, Cuéllar, Gutiérrez y el ex subjefe Ricardo Rodríguez, de 65 años, también de Laredo, utilizaron al personal y los recursos de la oficina del sheriff para operar un negocio de desinfección con fines de lucro durante la pandemia.
Los fiscales indicaron que en abril de 2020 abrieron la empresa Disinfect Pro Master y firmaron contratos de servicio con negocios y restaurantes locales, pese a no contar con empleados ni suministros propios.
La acusación alega que empleados de la Oficina del Sheriff manejaban las operaciones diarias de la empresa desde las instalaciones del despacho, donde recogían horarios y equipo para realizar los servicios de desinfección, tanto dentro como fuera de su horario laboral con el condado.
Disinfect Pro Master obtuvo un contrato de $500,000 dólares para limpiar escuelas del Distrito Escolar de United (UISD), y completó el trabajo utilizando personal y recursos de la Oficina del Sheriff, según los cargos.
Durante más de dos años, el negocio operó casi en su totalidad con empleados y suministros del condado, generando costos operativos mínimos, señalaron los fiscales.
Cuéllar, Gutiérrez y Rodríguez recibieron cada uno aproximadamente $175,000 dólares, una tercera parte de las ganancias, de acuerdo con los cargos. Cuéllar utilizó parte de esas ganancias para comprar una propiedad en Laredo, indicaron los fiscales.
Posibles sanciones
De ser declarados culpables, Cuéllar y Gutiérrez enfrentan cada uno hasta 10 años de prisión federal y una multa máxima de $250,000 dólares. Cuéllar también enfrenta un cargo adicional de lavado de dinero, que conlleva otros 10 años de prisión y una multa de hasta $250,000 dólares o el doble del monto de la propiedad involucrada en la transacción inmobiliaria.
Rodríguez se declaró culpable anteriormente y su sentencia estaba programada para el 16 de marzo. Permanecía bajo fianza en espera de esa audiencia.
La oficina del FBI en San Antonio y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional realizaron la investigación como parte de la Unidad contra la Corrupción Fronteriza de Laredo.
Los fiscales federales asistentes Heather Winter y Robert Johnson llevan el caso.
Cuéllar ha dicho que es inocente y que luchará contra las acusaciones, según un mensaje de texto enviado a KGNS.
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