Texas apela la orden que exige aire acondicionado en las prisiones, alegando que pone en riesgo el funcionamiento de la prisión

(TEXAS TRIBUNE) - Los abogados del estado de Texas han apelado ante el conservador Tribunal de Apelación del 5.º Circuito de los Estados Unidos la orden de un juez federal que exige que todos los centros penitenciarios estatales cuenten con climatización antes de 2030, lo que prolonga una batalla legal que dura ya varios años sobre el aire acondicionado en el sistema penitenciario más grande del país.

Los abogados del estado también solicitaron al juez federal de distrito Robert Pitman que suspendiera su orden, alegando que es necesario detenerla para evitar perturbar operaciones críticas del Departamento de Justicia Penal de Texas (TDCJ) mientras se resuelve el recurso.

El organismo ha afirmado que tiene previsto instalar aire acondicionado en todas las prisiones, pero no se ha fijado un plazo, y estima que la iniciativa costaría 1.5 mil millones de dólares.

“Provocar caos y confusión en los planes en curso del TDCJ para instalar aire acondicionado en todas las instalaciones, antes de que el Quinto Circuito tenga la oportunidad de pronunciarse, supone un desperdicio innecesario de recursos limitados y frustra los esfuerzos del TDCJ por obtener financiación para abordar medidas operativas y de seguridad vital destinadas a proteger a su población, al tiempo que se avanza con la mayor celeridad posible en la instalación del aire acondicionado,” se afirma en el escrito presentado el 8 de octubre.

Pitman dictó su sentencia de amplio alcance en septiembre, cuando se puso del lado de los grupos defensores de los derechos de los reclusos y de sus abogados, quienes argumentaban que era inconstitucional obligar a los reclusos a soportar temperaturas en el interior de las instalaciones que podían alcanzar los tres dígitos en verano.

A fecha de 1 de octubre, poco más de un tercio de las prisiones del estado contaban con climatización completa, lo que dejaba a unos 90,000 reclusos tejanos sin aire acondicionado.

El 10 de noviembre, Pitman denegó la solicitud del TDCJ de suspender su orden mientras se resuelve el recurso de apelación. El juez señaló que se trataba de un caso que planteaba serias cuestiones jurídicas, pero que la orden debía mantenerse debido a su interés público y a la ausencia de un perjuicio irreparable para el organismo.

El TDCJ afirmó que no hace comentarios sobre litigios pendientes.

Antecedentes

La batalla legal comenzó en 2023 con una denuncia presentada por Bernie Tiede, un recluso muy conocido que sufrió una emergencia médica debido al calor extremo en el interior de la prisión. Grupos de defensa como la Lioness Justice Impacted Women’s Alliance, Texas Prison Community Advocates y Texas Citizens United for Rehabilitation of Errants se sumaron a la demanda al año siguiente, ampliándola para que abarcara a todas las personas recluidas en centros penitenciarios estatales sin aire acondicionado.

En 2025, Pitman determinó que el calor extremo en las prisiones de Texas constituía probablemente un “castigo inconstitucional.” Sin embargo, en lugar de ordenar al TDCJ que instalara aire acondicionado provisional, fijó un juicio que duró dos semanas en Austin a principios de 2026.

El juez dictó su resolución definitiva el 22 de septiembre, en la que determinó que la respuesta de la agencia ante el calor extremo era insuficiente y que las condiciones en las celdas sin aire acondicionado de Texas violan las garantías constitucionales contra los castigos crueles e inusuales.

“Ante la clara evidencia de riesgo —que incluye lesiones, muertes y sufrimiento continuos cada verano—, el hecho de que el director [Bobby] Lumpkin no haya puesto en marcha un plan significativo y comprometido para instalar aire acondicionado en el plazo que el TDCJ ha indicado repetidamente que es posible constituye una indiferencia deliberada,” escribió Pitman.

El juez determinó que al menos nueve reclusos fallecieron en las prisiones de Texas entre 2023 y 2025 debido a las altas temperaturas, y añadió que, incluso sin que se produzcan muertes o lesiones, el calor extremo “crea condiciones degradantes e inhumanas y causa un sufrimiento grave.”

Pitman ordenó a la agencia que instalara aire acondicionado en todas sus 104 instalaciones antes de finales de 2029, un plazo solicitado por los demandantes.

Lo que dice el Estado

Es probable que prospere el recurso de apelación del TDCJ ante el 5.º Circuito, ya que resulta muy difícil cumplir el criterio jurídico de indiferencia deliberada, según comunicó el Estado a Pitman en su escrito del 8 de octubre. Añadió que la agencia está trabajando para instalar aire acondicionado en sus prisiones —muchas de las cuales se construyeron antes de que existiera esta tecnología—, además de poner en práctica diversas estrategias de mitigación del calor.

“El demandado no niega que muchas de las unidades penitenciarias del TDCJ solo cuenten con aire acondicionado parcial,” se indica en el escrito, «pero, aunque las acciones del demandado pudieran considerarse “imperfectas” a la luz de las dificultades que conlleva la instalación de aire acondicionado, la imperfección no es el criterio para determinar la indiferencia deliberada».

El TDCJ añadió que cumplir con el plazo impuesto por el tribunal afectaría a la financiación de otras prioridades, como la detección de contrabando, la asistencia sanitaria de los reclusos y el crecimiento de la población carcelaria.

Además, el organismo afirmó que suspender la orden de Pitman no perjudicaría sustancialmente a los reclusos, ya que tiene previsto seguir instalando aire acondicionado en sus centros penitenciarios.

El TDCJ señaló que prevé disponer de 90 000 camas con aire acondicionado en 2028. Esto dejaría a unos 60 000 reclusos sin aire acondicionado, ya que se prevé que la población carcelaria del estado supere los 150 000 para entonces. La agencia también rebatió las conclusiones de Pitman de que se han producido al menos nueve muertes de reclusos relacionadas con el calor en los últimos años, insistiendo en que hubo otros factores, como sobredosis de drogas y afecciones médicas.

Lo que dicen los demandantes

Erica Grossman, abogada de los demandantes, afirmó en octubre que la agencia debería dedicar su tiempo y dinero a hacer que sus prisiones sean «más humanas», en lugar de luchar contra la orden judicial.

“Aunque no es ninguna sorpresa, dada la larga trayectoria del TDCJ de negarse a asumir la responsabilidad por las personas que se encuentran bajo su custodia y cuidado, sigue siendo decepcionante que estén gastando los recursos del Estado en litigar este caso en lugar de limitarse a instalar aire acondicionado,” declaró a The Texas Tribune.

La mirada puesta en la Asamblea Legislativa

La batalla legal se desarrolla en medio de la planificación presupuestaria del TDCJ para el bienio 2028-29.

En un escrito presentado este verano a Pitman, la agencia esbozó un plan en dos fases para instalar aire acondicionado en todas sus prisiones, indicando que preveía obtener una asignación de 774,3 millones de dólares de la Asamblea Legislativa en este ciclo presupuestario. La segunda fase implicaría solicitar 730,7 millones de dólares en el siguiente bienio.

Sin embargo, cuando el TDCJ dio a conocer su solicitud presupuestaria en agosto, la agencia propuso 298 millones de dólares destinados específicamente a la instalación de sistemas de climatización. Los responsables también solicitaron 591,8 millones de dólares para construir dormitorios de ampliación con refrigeración. En conjunto, según la agencia, las propuestas añadirían más de 21 000 camas con refrigeración, pero los abogados de los demandantes señalaron que construir dormitorios de ampliación no es lo mismo que destinar fondos directamente al aire acondicionado.

Pitman señaló el déficit de financiación en su resolución del 22 de septiembre, afirmando que era “una indicación concreta y evidente de que la agencia ni siquiera está intentando seguir ese plan.”

Sin embargo, cuando los responsables de la agencia comparecieron ante la Junta Presupuestaria Legislativa el 28 de septiembre, se mantuvieron firmes en su solicitud presupuestaria más baja en una presentación en la que nunca se mencionó la resolución de Pitman, dictada apenas unos días antes.

Además, los responsables de la agencia pidieron que se restableciera un recorte del 3 % en el gasto que habían exigido los líderes estatales republicanos para ayudar a financiar prioridades como las rebajas del impuesto sobre bienes inmuebles. Lumpkin, director del TDCJ, afirmó que esta orden podría suponer una pérdida de 287 millones de dólares. Sin este dinero, señaló, la agencia se vería obligada a despedir a más de 1.300 empleados.

“De los 1.300 puestos que habría que eliminar, cerca de la mitad podrían ser puestos de funcionarios de prisiones,” añadió Lumpkin. “Una reducción de la plantilla de funcionarios de prisiones sería perjudicial para nuestra misión de seguridad pública y para el desarrollo de nuestras operaciones diarias.”

La sesión legislativa de 2027 comienza en enero. Aunque la legislación de Texas exige que la temperatura en las cárceles del condado se mantenga entre 65 y 85 grados, los legisladores han fracasado repetidamente a la hora de promulgar normas similares para las prisiones.